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Acalde de Bucarest, en prisión preventiva por aceptar sobornos

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Sorin Oprescu, in catuse, Foto: Mediafax
Sorin Oprescu, in catuse, Foto: Mediafax

​Un juzgado rumano ha dictado prisión preventiva de 30 días contra el alcalde de Bucarest, Sorin Oprescu, por la sospecha de aceptar sobornos de compañías que participaban en licitaciones municipales, informaron hoy los medios rumanos, según recoge la agencia EFE.

Oprescu creó en 2013 „un sistema por el que las empresas que deseaban recibir contratos por parte de las instituciones públicas bajo la subordinación de la Alcaldía debían entregar una parte de sus beneficios”, informó la Fiscalía Anticorrupción.

Los fiscales acusan al edil de cobrar el 10 % de la suma de los contratos y haber recibido el pasado sábado 25.000 euros de un funcionario del Ayuntamiento, como parte de un soborno de unos 60.000 euros.

Anticorrupción reveló que no se trata de la primera vez que Oprescu ha percibido dinero para firmar algunos contratos y que un denunciante sostiene que llegó a entregarle hasta un millón de euros.

El abogado defensor, Viorel Mocanu, declaró hoy que han recurrido a la decisión del tribunal alegando que las acusaciones se basan en una denuncia falsa.

„No ha recibido 25.000 euros, ni lo quería hacer, ni fue pillado ‘in fraganti'”, aseguró Mocanu, quien agregó que „hay informaciones irreales del testigo denunciante”.

Otros cuatro funcionarios han sido también detenidos por formar parte de esta supuesta red de soborno.

Oprescu, de 63 años, se convirtió alcalde de Bucarest en 2008 tras presentarse como candidato independiente, aunque fue miembro del Partido Social Demócrata durante muchos años.

La Justicia rumana, durante años criticada, está siendo elogiada ahora de la Comisión Europea en su lucha contra la corrupción tras condenar a numerosos políticos y poner la lupa incluso sobre familiares del actual primer ministro, Victor Ponta.

Las cifras reflejan el trabajo de los fiscales y jueces rumanos: un antiguo jefe de Gobierno, Adrian Nastase, y diez antiguos ministros han sido condenados a prisión en los últimos tres años, mientras que otras dos decenas de ministros son investigados en la actualidad.

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